La acción de protección: un debate constante sobre los asuntos que deben ser conocidos por la jurisdicción ordinaria vs la constitucional

Abstract

En Ecuador, la acción de protección se ha convertido en un mecanismo central para la tutela de derechos constitucionales, pero su uso recurrente en casos que deberían ser resueltos por la jurisdicción ordinaria ha generado un debate persistente sobre sus límites y naturaleza. El desplazamiento de controversias hacia la vía constitucional, motivado por la búsqueda de respuestas inmediatas, ha puesto en análisis el principio de subsidiariedad y la finalidad reparatoria de esta garantía. La Corte Constitucional ha reiterado que la acción de protección solo procede ante la vulneración real de derechos constitucionales, y no debe emplearse como sustituto de los procesos ordinarios ni para resolver cuestiones de mera legalidad o derechos patrimoniales. Destacando así, la importancia de los criterios de idoneidad y eficacia para determinar la procedencia de la acción enfatizando en que no basta con la existencia formal de un mecanismo, sino que este debe ser capaz de restituir derechos de manera efectiva. El uso indebido de la acción de protección desnaturaliza su esencia, afecta la seguridad jurídica y debilita la función de los jueces ordinarios. Por tanto, es necesario preservar su carácter subsidiario y reparatorio, fortaleciendo la justicia ordinaria y el equilibrio del sistema constitucional. In Ecuador, the action for protection has become a central mechanism for the protection of constitutional rights, but its recurrent use in cases that should be resolved by ordinary courts has generated a persistent debate about its limits and nature. The shift of disputes toward constitutional channels, motivated by the search for immediate responses, has brought the principle of subsidiarity the restorative purpose of this guarantee under scrutiny. The Constitutional Court has reiterated that the action for protection is only admissible in the event of an actual violation of constitutional rights and should not be used as a substitute for ordinary proceedings or to resolve issues of mere legality or property rights. Thus, it emphasizes the importance of the criteria of suitability and effectiveness in determining the admissibility of the action, stressing that the formal existence of a mechanism is not sufficient; it must be capable of effectively restoring rights. The misuse of the action for protection distorts its essence, undermines legal certainty, and weakens the role of ordinary court judges. Therefore, it is necessary to preserve its subsidiary and restorative nature, strengthening ordinary justice and the balance of the constitutional system.