Análisis de las reformas al código orgánico integral penal con la ley orgánica de solidaridad nacional en el marco del conflicto armado interno en Ecuador

Abstract

Este artículo examina las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) introducidas por la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional en Ecuador, en un contexto marcado por el aumento de la violencia asociada al narcotráfico y al crimen organizado. Ante esta, el gobierno ha adoptado medidas punitivas drásticas que alteran significativamente el marco penal vigente. Se analiza la expansión de la prisión preventiva y la autorización de allanamientos sin orden judicial en zonas de conflicto. Centrando la atención en el principio de proporcionalidad, el artículo argumenta que estas reformas, aunque persiguen el objetivo de mejorar la seguridad pública, pueden resultar en la erosión de derechos fundamentales y garantías procesales. La ambigüedad de las definiciones legales y la posibilidad de abusos en la aplicación de estas medidas generan preocupación sobre el respeto a la dignidad humana y el debido proceso. A través de un enfoque crítico, se cuestiona la eficacia de estas políticas punitivas y su capacidad para generar una respuesta efectiva al fenómeno del crimen organizado. Se concluye que, para preservar la legitimidad del sistema de justicia ecuatoriano, es esencial encontrar un equilibrio entre las necesidades de seguridad y el respeto a los derechos humanos. This article examines the reforms to the Comprehensive Organic Criminal Code (COIP) introduced by the Organic Law of National Solidarity in Ecuador, in a context marked by increasing violence associated with drug trafficking and organized crime. In response to this crisis, the government has adopted drastic punitive measures that significantly alter the current criminal framework. It analyzes the expansion of pretrial detention and the authorization of warrantless searches in conflict zones. Focusing on the principle of proportionality, the article argues that these reforms, while pursuing the goal of improving public security, Ciencia y Educación may result in the erosion of fundamental rights and procedural guarantees. The ambiguity of legal definitions and the potential for abuse in the application of these measures raise concerns about respect for human dignity and due process. Through a critical approach, it questions the effectiveness of these punitive policies and their capacity to generate an effective response to the phenomenon of organized crime. It is concluded that, to preserve the legitimacy of the Ecuadorian justice system, it is essential to find a balance between security needs and respect for human rights.