Análisis Jurídico del Decreto Ejecutivo 111 de 2024: Crimen Organizado y Derechos Humanos en Ecuador

Abstract

El análisis del Decreto Ejecutivo No. 111, emitido en Ecuador en enero de 2024, se centra en larespuesta estatal frente al aumento de la violencia vinculada al crimen organizado mediante la declaración de un conflicto armado interno y la autorización de la intervención militar en conjunto con la Policía Nacional. Este decreto ha generado debates sobre su constitucionalidad, coherencia con el Código Orgánico Integral Penal y respeto a los derechos humanos, especialmente en relación con la tipificación amplia y ambigua del terrorismo que podría conllevar una criminalización indiscriminada y vulneraciones al debido proceso. El estudio evalúa la conformidad del decreto con la Constitución de 2008, que protege derechos irrenunciables y regula estrictamente los estados de excepción, así como con normas internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se analizan tanto la validez jurídica de declarar un conflicto armado interno como las implicaciones en derechos fundamentales y garantías procesales. La investigación aplica un enfoque jurídico dogmático y crítico, revisando doctrina, jurisprudencia y normas nacionales e internacionales, para concluir que si bien la medida responde a una necesidad legítima de control del orden público, tiene excesos que pueden comprometer la vigencia del Estado constitucional de derechos, generando riesgos de militarización excesiva y afectación de derechos fundamentales sin controles democráticos adecuados. The analysis of Executive Decree No. 111, issued in Ecuador in January 2024, focuses on thestate's response to the rise in violence linked to organized crime through the declaration of an internal armed conflict and the authorization of military intervention in conjunction with the National Police. This decree has generated debates regarding its constitutionality, consistency with the Comprehensive Organic Criminal Code, and respect for human rights, especially in relation to the broad and ambiguous definition of terrorism, which could lead to indiscriminate criminalization and violations of due process. The study assesses the decree's compliance with the 2008 Constitution, which protects inalienable rights and strictly regulates states of emergency, as well as with international standards such as the International Covenant on Civil and PoliticalRights and the American Convention on Human Rights. The legal validity of declaring an internal Aguirre-Caraguay et al. (2025)armed conflict and its implications for fundamental rights and procedural guarantees are analyzed. The investigation applies a dogmatic and critical legal approach, reviewing doctrine, jurisprudence, and national and international standards, concluding that while the measure responds to a legitimate need to control public order, it has excesses that could compromise the validity of the constitutional rule of law, generating risks of excessive militarization and infringement of fundamental rights without adequate democratic controls.