Violencia económica como delito autónomo: Análisis dogmático-penal de su ausencia en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano y fundamentos para su tipificación

Abstract

La violencia económica y patrimonial contra las mujeres constituye una problemática estructural que aún no cuenta con una tipificación penal autónoma en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano (COIP), lo que limita su visibilidad y sanción efectiva. Este artículo tiene por objetivo analizar desde una perspectiva dogmático-penal la ausencia de esta figura en el COIP, y proponer fundamentos para su incorporación como un tipo penal autónomo. Para ello, se empleó una metodología mixta con enfoque cualitativo y cuantitativo, que se basa en el análisis normativo, doctrinal, jurisprudencial y en una encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio, gracias a esto, los hallazgos revelan vacíos normativos, insuficiente respuesta penal ante casos de esta índole, y un marcado consenso profesional ante la necesidad y viabilidad jurídica de tipificar la violencia económica como delito, por lo que se concluyó que su inclusión contribuiría a fortalecer la protección de los derechos patrimoniales de las víctimas y a armonizar la normativa interna con estándares internacionales. Economic and patrimonial violence against women constitutes a structural issue that still lacks autonomous criminal classification in Ecuador's Comprehensive Organic Criminal Code (COIP), which limits its visibility and effective sanction. This article aims to analyze, from a dogmatic-criminal perspective, the absence of such a classification in the COIP and propose grounds for its incorporation as an autonomous criminal offense. A mixed methodology with qualitative and quantitative approaches was employed, based on normative, doctrinal, and jurisprudential analysis, as well as a survey conducted among practicing lawyers. The findings reveal legal gaps, an insufficient penal response to such cases, and a strong professional consensus on the necessity and legal viability of typifying economic violence as a crime. It is concluded that its inclusion would strengthen the protection of victims' patrimonial rights and align domestic legislation with international standards.