La defensoría pública penal como garantía para el ejercicio del debido proceso

Abstract

Tanto la Constitución de la República del Ecuador como varios instrumentos internacionales hablan del derecho de defensa y de una genuina sustanciación del proceso, el mismo que debe estar caracterizado por la capacidad de garantizar los derechos humanos de los sujetos procesales. Sin embargo, el referido anhelo jurídico y social no se cumple a cabalidad o de manera integral en la práctica, por lo que se ha configurado, constitucional y legalmente, una serie muy amplia de derechos y garantías jurisdiccionales al respecto. Es preciso destacar el hecho de que en la actualidad se han desarrollado una gama de propuestas conducentes en su esencia, a implementar una solución viable para la problemática analizada en la presente investigación, de las cuales sin duda, la más relevante es la consolidación de la Defensoría Pública, a fin de dar cumplimiento a las tareas institucionales encomendadas por la constitución ecuatoriana en cuanto a defensa letrada se refiere.